¿QUIÉN PAGARÁ LOS MEDICAMENTOS DE NUESTROS HIJOS?

En términos generales vamos a vivir más que nuestros padres y esperamos que nuestros hijos tengan vidas más largas que las nuestras. Esa tendencia, que podemos reconocer como “progreso” se registra tanto en los países desarrollados como en América Latina. Durante las últimas tres décadas cada generación ganó aproximadamente un 10% en esperanza de vida y consumió más del doble de medicamentos que la anterior. Pero gasta setenta veces más en medicamentos. Enfermedades que antes ni siquiera conocíamos hoy son tratadas y, en algunos pocos casos, prevenidas. También es cierto que enfermedades que hace poco ni existían, como la COVID-19, hoy causan estragos. Sin embargo, es incuestionable el avance de la ciencia médica, que conlleva la investigación científica y el desarrollo del complejo médico industrial. El vertiginoso ritmo con que se desarrollaron vacunas en el contexto de la pandemia son la mejor prueba de ese avance técnico-científico.
Hemos renovado nuestras esperanzas de que muchas de las enfermedades y afecciones que hoy nos aquejan sean solucionadas por el complejo médico industrial. Por ejemplo, la industria está desarrollando un nuevo uso de la semaglutida, que promete reducir un 20% el peso corporal. Esto avizora constituirse como un cambio muy relevante en términos de cantidad y calidad de vida puesto que la obesidad es una pandemia que afecta incluso a más personas que la COVID-19. Solo en América Latina uno de cada cuatro hombres adultos es obeso. Y en las nuevas generaciones la prevalencia es mayor debido a cambios en la alimentación y en los estilos de vida. Los logros del complejo médico industrial son espectaculares. Pero habrá que pagarlos.
Encontrar nuevos usos (“off-label”) a medicamentos ya conocidos es como encontrar una nueva mina de oro dentro de una vieja mina de plata. Eso sucedió cuando se descubrió que el Ácido Acetil Salicílico (mejor conocido como “Aspirina”) tiene función antiagregante. Las ventas de un medicamento muy barato, antiguo, casi en desuso, y por supuesto cuya patente había expirado; se dispararon. Pasó a ser comercializado en dosis seis veces menores a precios tres veces mayores. Algo similar ocurrió cuando se descubrió que el finasteride, un medicamento para tratar la próstata, contribuye a reducir la alopecia androgénica (utilizado en dosis cinco veces menores y vendido a precios tres veces mayores).
El desarrollo de nuevos usos para los medicamentos requiere menores costos de investigación que el desarrollo de nuevas moléculas. En gran medida se detectan en fase 4 de los estudios clínicos. En otros casos, a través de reportes de farmacovigilancia y, en menor medida, a través de estudios de utilización (“DUR -Drug Utilization Research”). En los casos de medicamentos de patente vencida o a punto de expirar, la industria busca “reverdecer” la propiedad intelectual para preservar el monopolio. En los casos donde esto no es posible la estrategia comercial descansa en el Branding, buscando construir la adhesión a la marca y minimizar la competencia genérica.
Pero lo más asombroso de los off-label no es solo su capacidad para multiplicar por cifras de dos o más dígitos el precio por miligramo de droga condicionada y vendida, sino cuando convierten a un medicamento de uso agudo (esporádico) en un medicamento de uso crónico (permanente). Imaginemos que si se aprueba el nuevo uso de la semaglutida uno de cada cuatro hombres y una de cada cinco mujeres pasaría a consumirlo de por vida.
Más aún, pensemos en la población adolescente. Una chica de 15 años cuya esperanza de sobrevida es hoy más de 65 años, requeriría alrededor de 780 meses de tratamiento. Si, como circula en medios de prensa, la semaglutida “reloaded” se intenta vender a alrededor de mil dólares el envase para un mes de tratamiento, cada paciente generará una facturación de alrededor de 780 mil dólares. Claro, ante esa nueva mina de oro aparecerán otras al lado (en la jerga se denomina “me-too” a esas moléculas que consiguen resultados similares, pero no necesariamente mejores). E incluso, podemos esperar que, en el largo plazo, el fabricante pierda el monopolio que genera la patente e ingresen al mercado productos competitivos (genéricos).
Supongamos ahora que eso sucede. Entonces no será necesario contar con 780 mil dólares para garantizar el tratamiento contra la obesidad, sino con 240 mil para cubrir el tiempo de duración de la patente. O incluso, si no se reverdece la patente y la molécula solo tiene unos 10 años más de protección, hará falta nada más que 120 mil dólares para cubrir a esta joven usuaria. En este caso el problema es que no estamos hablando de una enfermedad rara, es decir de baja prevalencia, sino en una enfermedad de muy alta y creciente prevalencia. ¿Cuánto puede demorar hasta que un juez decida que la cobertura del tratamiento debe ser cubierta por el sistema de salud?. Ya se trate de un sistema público, de la seguridad social o privado, no hay ninguna forma de que los recursos disponibles alcancen para financiar tales tratamientos. En otros términos, la innovación tecnológica y hasta podríamos decir el “progreso” médico hacen insostenible la protección en salud.
Pero no seamos injustos, porque hasta ahora nos centramos en un único ejemplo. La amenaza no radica en el medicamento para la obesidad sino en la permanente innovación y pseudoinnovación que impulsa el complejo médico industrial vinculado a precios monopólicos y desregulados. Hay permanentemente docenas de medicamentos en las gateras para ser lanzados o relanzados (es lo que se llama “pipeline” de nuevos productos). Algunos serán exitosos. Otros no. Algunos serán verdaderamente revolucionarios. Otros no. Algunos serán innovadores. Otros no (serán pseudoinnovaciones). Pero todos, indefectiblemente todos, serán más caros que las versiones anteriores que vendrán a substituir.
Debemos reconocer que la innovación es buena e incluso, las desigualdades que introducen podrían no ser malas tampoco. Angus Deaton, economista escoses, que ganó el premio Nobel de economía en 2015, advierte que los progresos e innovaciones en salud introducen nuevas desigualdades. Primero solo algunos acceden a sus beneficios, pero luego (por ejemplo, una vez que vencieron las patentes) sus beneficios se irradian a todos los países y sectores de la población. En el Reino Unido de Deaton el sistema de salud cubre los medicamentos para la población, define el precio de los mismos e incluso define cuando deben ser incorporados y cuando no. Se trata de condiciones más sostenibles que las registradas en los países de América Latina donde los gobiernos en general no se hacen cargo de cubrir los tratamientos, ni controlan los precios de comercialización de los mismos (con algunas pocas excepciones como Colombia y Brasil). Tampoco deciden qué debe ser incorporado a la cobertura, porque en la mayoría de los casos eso se define a través de dictámenes judiciales.
El gasto en medicamentos innovadores hace metástasis dentro del gasto en salud. Si las reglas de juego no cambian, el gasto en medicamentos continuará creciendo a ritmo exponencial. En menos de dos décadas duplicará al resto del gasto en salud (que incluye consultas médicas, internaciones, estudios diagnósticos y otros tratamientos no medicamentosos). En nuestra región no disponemos de tiempo para esperar que, como preconiza Deaton, las innovaciones se abaraten en el largo plazo y resulten accesibles para todos. En el mejor de los casos, llevaría el tiempo de existencia de una generación, para que el progreso alcance a todos. No se trata de nosotros. Sino de nuestros hijos. Ellos son quienes pueden verse privados de acceso a los medicamentos mientras el ritmo del progreso farmacéutico continúe avanzando de la mano de protección monopólica, precios libres y cobertura acrítica. La solución no es frenar el progreso. Es frenar un lucro desmedido. La innovación del complejo médico industrial requiere ser estimulada. Todos queremos vacunas contra la Covid-19 e incluso todos queremos medicamentos contra la obesidad. Es posible que la vacuna se convierta en un bien social que pueda ser adquirido y financiado por los estados. Es posible que las diferencias de precios no sean más del doble (o pongamos que el triple) entre la versión más cara y la más barata. Es posible que los países menos poderosos paguen los mismos precios que los países más ricos. Entonces ¿qué impide extender estas reglas de juego a todo el mercado de medicamentos?.

JOSÉ CHARREAU


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