“HAY ENFERMEDADES CON HINCHADAS”, POR LA PRESION DE LOS LABORATORIOS Y LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES

“Hay enfermedades con hinchadas”, señaló María Cristina Cortesi, abogada de la Superintendencia de Servicios de Salud y autora de varios libros sobre derecho sanitario y el régimen jurídico del medicamento, durante una jornada sobre “La judicialización de la salud”.

Cortesi también afirmó que “los jueces, excepto algunas juezas, no tienen idea” cuando fallan a favor de los recursos de amparo que obligan a las obras sociales y al Estado a suministrar un medicamento, aunque su eficacia no esté demostrada. Durante su exposición, en el marco de una jornada organizada por el Comité de Bioética del Hospital de Clínicas, Cortesi opinó que las asociaciones de pacientes pueden resultar “grupos positivos”.

“Pero a veces hay intereses que los incentiva a actuar como grupos de presión”, agregó.
“Por eso decimos que hay enfermedades como el Chagas y enfermedades con hinchada, porque detrás están los intereses de la industria farmacéutica”, subrayó.
El antecedente más grotesco de la mascarada de los laboratorios detrás de los pacientes fue The Max Foundation Argentina auspiciada por Novartis que patrocinaba desde las sombras los juicios contra las obras sociales para que proveyeran el medicamento oncológico Glivec. Glivec y The Max Foundation fueron la punta del iceberg pues casi las enfermedades que requieren de medicamentos de alto costo tienen alguna asociación de pacientes que presiona a las obras sociales sindicales o provinciales, a las privadas y al Estado, cuando hay resistencias a pagar los costosos tratamientos.

Una investigación de IEPS/AAPM consiguió un listado de esas asociaciones financiadas por la industria y detectó como el laboratorio AbbVie patrocina al Programa Juntos de la asociación de pacientes que requieren del medicamento Humira, al cual la ANMAT le concedió a fines del año pasado su décima indicación. El Programa Juntos no es el único pues ingresando al Facebook del Grupo Amar La Plata (de pacientes con artritis reumatoide) que patrocina AbbVie , hay "recomendaciones" y listado de asociaciones de pacientes, clasificados según el medicamento que consumen.

El particular listado incluye las siguientes direcciones y contactos:
CERTOLIZUMAB ( CIMZIA) LAB. MONTPELIER PROGRAMA SUPERAR
TEL.08003337877
ETARNECEPT (ENBREL) LAB PFIZER PROGRAMA ENCUENTRO
TOFATICINIB (XELJANZ) TEL. 08008888588
TOCILIZUMAB (ACTEMRA) LAB. ROCHE PROGRAMA MAS CERCA
RITUXIMAB (MABTHERA) TEL. 08007776234
ABATACEPT (ORENCIA) LAB. BRYSTOL PROGRAMA PASOS

La Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF), respondió recientemente a las advertencias del Consejo de Obras Sociales Provinciales sobre los medicamentos de alto costo que consumen la mayor parte de los presupuestos y ponen en riesgo la atención a 7 millones de personas.
Luciana Escati Peñaloza, Directora Ejecutiva de la Federación, afirmó que “la normativa actual impide que el Estado compre de modo directo a las casas matrices de los laboratorios, lo que produce un incremento desmedido y poco controlado”, del que responsabilizó a las droguerías intermediarias.
La propuesta de la federación consiste, entonces, en comprar los medicamentos de alto costo a las casas matrices en Estados Unidos o Europa. De ninguna manera confrontar con los abusos de precios y el monopolio de las patentes. NI buscar alternativas más baratas en los mercados de India o China. Quizás sí, conseguir alguna módica rebaja. Y hay que admitir que este gobierno no controla ni regula ni interviene en el mercado.
Un relevamiento de 69 sitios web de asociaciones de pacientes de Estados Unidos e internacionales indicó que la tercera parte de sus fuentes de financiamiento "no son transparentes", el 46 por ciento de esas asociaciones no publicaron su informe financiero anual y ninguna comunicó claramente el porcentaje de donaciones que proviene de la industria farmacéutica (BMC Public Health 2006).
En Estados Unidos el 20 por ciento del financiamiento de siete asociaciones de pacientes proviene de donaciones de compañías farmacéuticas. De las siete, cuatro han participado en actividades relacionadas con la mongering disease : mecanismos para ampliar inútilmente las definiciones de las afecciones con el objetivo de tener más pacientes y aumentar de esta forma el mercado del medicamento, denunciaron Jessica Marshall y Peter Aldhous en el ensayo "Patient groups special Patient groups special: Swallowing the best advice?", publicado por New Scientist en 2006.
La Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis (ASSCAT) fue beneficiada con 400 mil euros de donación durante 2014, cuando el laboratorio Gilead comenzó la presión en ese país para que fuese aprobado su medicamento Sovaldi.
"Colaboramos en lo que podemos con todos los laboratorios y con sus aportaciones mantenemos la web y soltamos globos en el Día Internacional de la Hepatitis", explicaron sus voceros sobre el destino de la subvención.
Cortesi explicó que el tema más grave de la judicialización de la salud “es el acceso al medicamento”.
A los jueces “no les interesa quien pague, pero sostienen al fallar en favor de los recursos de amparo que alguien tiene que cubrir el medicamento”, explicó la profesional.
A partir de los tratados internacionales incluidos en la Constitución reformada en 1994 “ha avanzado una confusión deliberada entre el derecho del paciente y el derecho del consumidor. O sea en la relación médico-paciente, es el paciente el que manda”. “Es así que la relación médico-paciente se transformó en una relación basada en resultados”, enfatizó.
Cortesi consideró que la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (incluidos medicamentos) que será creada por decreto presidencial antes de fin de año “es una muy buena idea”, pero igualmente puso en dudas que los jueces acepten sus resoluciones. “Las resoluciones de la Agencia no necesariamente para los jueces serán vinculantes. Ojalá me equivoqué pero me temo que los juicios van a seguir”, vislumbró.

Cortesi explicó que todas las demandas toman como referencia el artículo 75 de la Constitución reformada en 1994 que incorpora los tratados internacionales que consideran a la salud como un derecho humano.
“Esas medidas cautelares que obligan a una obra social a entregar un medicamento en 24 horas son autosatisfactivas porque ningún juez en 24 horas tiene tiempo de pensar, pero quiere ir a dormir con la conciencia tranquila y concede la cautelar”.
“Pero si después el medicamento no era el indicado alguien se hace responsable?”, se preguntó.
El profesor Héctor Buschiazzo, experto en farmacología de la Universidad Nacional de La Plata, avisó durante el debate que “los médicos están trabajando para la industria”, cuando alientan las demandas judiciales contra las obras sociales o el Estado.
“Los médicos, especialmente los que atienden en ciudades del interior, ganan cada vez menos y los laboratorios cada vez más”, aseguró. Buschiazzo aclaró que hay “médicos o grupos de médicos” en la Ciudad de Buenos Aires que están ajenos a ese deterioro de los ingresos y que por el contrario son los que se favorecen del actual sistema de salud.


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