MULTA DE 140 MILLONES DE EUROS A LABORATORIOS POR TORPEDEAR GENERICO DE CITALOPRAM


La Comisión Europea impuso una multa de 146 millones de euros al laboratorio dinamarqués Lindbeck y otras empresas farmacéuticas europeas por impedir el ingreso al mercado de la versión genérica del antidepresivo Citalopram.

   Prácticas similares acaban de ser condenadas por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, a pedido de las autoridades de regulación de la competencia en ese país.

 

   El laboratorio danés Lundbeck tendrá que hacer frente a una sanción de 93,8 millones de euros y las otras farmacéuticas involucradas -Alpharma, Merck KGaA/Generics UK, Arrow y Ranbaxy- al pago de 52,2 millones de euros, precisó el comisario europeo de Competencia, el español Joaquín Almunia.

   Lundbeck pactó con “todos sus competidores” que demoraran el ingreso de sus versiones genéricas del Citalopram a  cambio de compensaciones específicas y de ese modo pudo retener el monopolio de mercado y fijar precios abusivos, explicó el comisario europeo de la Competencia.

   "Es inaceptable que una compañía pague a sus competidores para que se mantengan fuera del mercado y retrase la entrada de medicinas más baratas", subrayó el comisario europeo.

   Almunia resaltó que "acuerdos de este tipo dañan directamente a los pacientes y a los sistemas nacionales de salud, que ya soportan estrechas restricciones presupuestarias".

   Citalopram era el medicamento estrella de Lundbeck, pero su patente venció en 2002, lo que abría la puerta a la fabricación y comercialización de versiones genéricas por parte de otras empresas farmacéuticas.

   Lundbeck se puso de acuerdo entonces con cada uno de sus eventuales competidores para que demoraran la introducción en el mercado de genéricos de Citalopram, a cambio de una suma de dinero equivalente a los beneficios que esperaban obtener de su venta, explicó Almunia.

   La comisión de Competencia de la Comunidad Europea inició una investigación formal  en julio de 2012, al sospechar que se habían producido este tipo de prácticas, contrarias a la normativa comunitaria sobre competencia.

 

  La investigación reveló la existencia de documentos internos intercambiados por los laboratorios que mencionaban la formación de un "club" y las "cantidades de euros" para repartir entre los “participantes” del acuerdo de mercado.

   Además, la investigación comprobó que Lundbeck, además de pagar sumas considerables, compró reservas de genéricos con el último objetivo de destruirlos, y ofreció beneficios garantizados en el marco de los acuerdos que los retiraban del mercado.

   "La Comisión no tolerará tales prácticas contrarias a la competencia", enfatizó Almunia.

   El precio del Citalopram cayó hasta un 90 por ciento en el Reino Unido frente al que cobraba Lundbeck, una vez que se desmanteló el acuerdo entre las farmacéuticas y se produjo la entrada de las versiones genéricas en el mercado.

   Coincidentemente, la Corte Suprema de Estados Unidos en una reciente sentencia afirmó que que las empresas farmacéuticas estadounidenses pueden ser demandas si retrasan la competencia genérica mediante acuerdos comerciales.

   El fallo de la Corte Suprema autoriza a partir de ahora a la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos (organismo de regulación antimonopólica) a combatir y sancionar los acuerdos entre laboratorios si celebran “pagos por demora” para frenar el  ingreso de nuevas versiones genéricas.  

  Sin embargo, el máximo tribunal consideró que no es una práctica “ilegal” en términos penales, aunque puede ser sancionado aquel laboratorio que recurra a esos procedimientos en términos comerciales.

  La decisión de la Corte Suprema fue adoptada por cinco votos a  tres y la abstención del juez Samuel Alito, al pronunciarse en una demanda que la FTC presentó en 2009 contra Watson Pharmaceuticals y otros laboratorios, incluida la marca farmacéutica Solvay, ahora propiedad de AbbVie.

  El acuerdo espurio entre los laboratorios demoró el ingreso al mercado de versiones más baratas del medicamento AndrGel de su competidor Actavis, que recibió dinero para lentificar su producción.

   Los reguladores antimonoplios de la FTC (Federal Trade Commission´s)   han sostenido que la práctica de “pago por demora” ha impedido que los sistemas de salud “puedan acceder a medicamentos más baratos”.

La FTC aseguró que “el pago a condición de quedarse a fuera de mercado, solo mantiene los precios a niveles fijados por el titular de las patentes”.

   El organismo calculó que los acuerdos entre empresas originó para “los monopolios de mercado” alrededor de 500 mil millones  de dólares en ganancias, que se repartieron “entre el titular de la patente y el eventual competidor”.

  “El titular de la patente y el competidor comparten la ganancia, pero el consumidor pierde”, afirmó la presidenta de la FTC, Edith Ramírez, al elogiar el fallo del máximo Tribunal de Justicia de Estados Unidos.

  “Es un gran paso hacia la solución de un problema que cuesta a los estadounidenses alrededor de 3,5 mil millones de dólares al año en altos precios de los medicamentos”, aseguró Ramírez.   

  “Esperamos seguir adelante demostrando que estos acuerdos violan las leyes antimonopolio”, completó Ramírez.


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