El gasto salud en Argentina

El gasto en salud en Argentina oscila en 120 mil millones de pesos anuales, equivalente al 10,20 por ciento del PBI, el más elevados de América Latina y con niveles casi similares a los países desarrollados, pero alrededor de 17 millones de habitantes carecen de cualquier cobertura y, cuando se desglosa la inversión directa del Estado en el sistema de salud, el porcentaje se reduce al 2,19 por ciento del PBI.

La pregunta que subsiste desde hace tiempo en Argentina es si se gasta mucho en salud o existe un equilibrio entre la inversión y los resultados. Se trata de un debate irresuelto, pues los economistas tienen diferentes parámetros para medir el costo de la salud en la Argentina. En la mayoría de los casos confronta una mirada economicista con la opinión de los sanitaristas, más proclives a medir los resultados que los costos.

El economista Keneth Arrow, Premio Nobel de Economía 1972, advirtió que “en salud, la sola aplicación de las fuerzas de mercado hace a los enfermos y los grupos desfavorecidos, aún más enfermos y vulnerables” y que “en salud es muy difícil distinguir entre bienes públicos y privados”.

Cualquiera de las dos miradas implica aceptar que en Argentina existe un debate irresuelto sobre la eficacia del gasto en salud y sobre el modelo que debería adoptar el país, en un contexto en que el paciente/afiliado/asociado suele expresar inconformismo con las prestaciones, ya sean públicas, privadas o a través del sistema de obras sociales.

Las obras sociales sindicales, el PAMI y las obras sociales provinciales, en conjunto aportaran cobertura a alrededor de 22 millones de personas este año, según las últimas estadísticas de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Las obras sociales representan entre el 38 y 40 por ciento del gasto total en salud de Argentina.

Las obras sociales provinciales atienden a otros 6.291.186 afiliados y la medicina prepaga cuenta 4.620.000 y es la única que se maneja por criterios de rentabilidad empresaria.

Las últimas estadísticas disponibles del Ministerio de Salud, de asociaciones profesionales y de consultoras privadas, indican que las obras sociales invierten alrededor de 30 mil millones de pesos anuales, el Pami se financia con 9.181 millones, las privadas gastan alrededor de 14 mil millones y el Estado destina otros 29.016 millones.

El Ministerio de Salud de la Nación precisó que del gasto global en salud, el gasto público y de la seguridad social representa el 5,28 por ciento del PBI. Ese porcentaje se desglosa en 2,19 por ciento del PBI de gasto público y 3,09 del PBI de la seguridad social.

El presupuesto nacional transfiere a la salud pública el 0,34 por ciento del PBI, los presupuestos provinciales en salud aportan el 1,52 por ciento del PBI, y los municipios contribuyen con 0,33 por ciento del PBI. Entre los tres, redondean el 2,19 por ciento del PBI en gasto público. Cabe aclarar que provincia y municipios reciben transferencias de recursos del Presupuesto Nacional.

A su vez, el presupuesto de las obras sociales sindicales equivalen al 1,59 por ciento del PBI y los recursos se originan exclusivamente con el aporte de los salarios.

Las obras sociales provinciales afrontan un gasto en salud equivalente al 0,74 por ciento del PBI y también se financian con aportes salariales del 8 al 10 por ciento.

El sector privado representa el 4, 92 por ciento del PBI con un gasto de bolsillo de 3,46 por ciento en pagos directos y por grupo familiar, y 1,46 por ciento de seguros privados corporativos.


Las obras sociales, pilar del sistema


De acuerdo a las estadísticas de la Superintendencia de Servicios de Salud en el país existen 287 obras sociales sindicalesque atienden a 12.355.765 afiliados. Las de personal de dirección aportan otros 1.038.651 afiliados y el PAMI declara 4.131.060 beneficiarios. Los monotributistas ascienden a 874.204 y el personal de servicio doméstico registrado es de 179.472 contribuyentes.

Con las obras sociales por empresa, estatales, por convenio o por adhesión, el sistema registra 18.711.351 afiliados, un crecimiento considerable con relación a los 15.514.299 afiliados contabilizados por la Superintendencia en 2005.

De los más de 18 millones de afiliados (a julio de 2011), 10 millones son titulares y el resto familiares. En 2006 existían 288 obras sociales (una más) y atendieron a 15.502.139 personas.

Del total de obras sociales, 208 son sindicales y brindan cobertura a 12.355.765 trabajadores y empleados con relación de dependencia, de los cuales 6.611.825 son titulares y el resto familiares.

Las obras sociales de personal de dirección registradas son 27 con 1.038.615 afiliados directos y existen tres de administración mixta, que incluye el PAM.

En la categoría de obras sociales de empresas estatales (Atanor y Papel Misionero, por ejemplo) hay 21.887 beneficiarios y las obras sociales de empresas (corresponde a una sola por empresa) prestan cobertura a 15.643 personas.

Los 18 millones con cobertura de obras sociales significan alrededor del 45 por ciento de la población y el 3,09 por ciento promedio del PBI, incluyendo al PAMI.

Las obras sociales provinciales proporcionan cobertura al 12,5 por ciento de los argentinos, el PAMI aporta casi otro 10 por ciento y, finalmente, el subsector privado tiene afiliado al 9 por ciento de la población.

Pero, según las estimaciones de la Superintendencia de Servicios de Salud, existen 6,5 millones de personas con doble cobertura, a través del sistema privado y de las obras sociales y el PAMI.

La Superintendencia de Servicios de Salud precisó que el total de beneficiarios de obras sociales, 7.250.994 habitan en la provincia de Buenos Aires, 2.775.757 en la Capital Federal y 1.525.018 en Córdoba.

En Catamarca los beneficiarios del sistema de obras sociales son 147 mil, en San Luís, 175 mil, en La Pampa, 143 mil y en Formosa, 123 mil.

El Superintendente de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio, comparó recientemente que “hace 40 años, con la vieja ley 18.610 de obra sociales, el 99 por ciento de los recursos eran aportes y contribuciones. Hoy, esa cifra representa tan solo el 65 por ciento del total de la seguridad social nacional”.
Igualmente, Bellagio aseguró que “nuestro problema no es la accesibilidad sino la inclusión de la población en los sistemas de salud”.

El funcionario detalló que las obras sociales sindicales abarcan el 48 por ciento de la población, pero estimó que con las obras sociales provinciales, los demás sistemas y el PAMI, la cobertura alcanza al 60 por ciento de la población. “En algunos años, vamos a llegar al 90 por ciento”, pronosticó.

Para Bellagio “todo acto de salud es público” y que la división de los subsistemas “es solamente desde el punto de vista del financiamiento, nada más”.

En cuanto a la actuación del Programa Médico Obligatorio (PMO) afirmó que “el problema del costo no es sólo nacional, sino también regional” y anunció que se trabaja en la elaboración de un PMO “regional”.

Bellagio también informó que la Superintendencia trabaja con la Gerencia de Gestión Estratégica de la Salud sobre “los requerimientos de las obras sociales como de prestadores y de los beneficiarios, sobre las nuevas tecnologías”.

“Si nosotros financiamos permanentemente las nuevas tecnologías de una forma discrecional estaríamos utilizando un gran porcentaje de recursos, mientras que la atención primaria de la salud sólo representa un 13 por ciento del gasto”, comparó.

Bellagio además anticipó que se trabaja con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y con las autoridades del Ministerio de Salud, en un proyecto de “Ley de Mediación” ante la creciente judicialización de las prestaciones que reclaman los afiliados, muchas veces impulsados por los laboratorios desde las sombras.

Esa ley permitirá que antes de recurrir a la justicia para reclamar una prestación o un medicamento, el demandante deberá acudir a la Superintendencia de Servicios de Salud que será la instancia previa y obligatoria donde canalizar la demanda, tanto en el ámbito de la seguridad social como de la medicina privada.

También informó que se trabaja con las ART en un proyecto para que las aseguradoras asuman los juicios por mala praxis que actualmente golpean directamente a las obras sociales.


Gasto en salud, crecimiento en últimos años


El crecimiento del gasto en Salud ha sido exponencial desde la crisis del 2001, cuando ascendía a alrededor de 20 mil millones de pesos. En realidad, los ajustes habían comenzado con la presidencia de Fernando De la Rua en el 2000.

El gasto público en salud (gobierno nacional, provinciales, municipales) en 2001 fue de apenas de 13.718 millones de pesos. En 2004 ascendió a 19.451 millones y en 2006 saltó a 29.995 millones, cifra que se ha mantenido estable desde entonces, ya que el último informe estadístico del Ministerio de Salud indicó una inversión de 29.016 millones.

El incremento del mercado de salud en los últimos años en cuanto a financiamiento y facturación se basó fundamentalmente en el crecimiento de los afiliados a las obras sociales que recuperaron la cantidad de asociados de la década del 90.

Sin embargo, un informe de la consultora Key Market estimó que en los últimos años el incremento de los gastos en salud obedecieron esencialmente al aumento de los precios, aproximadamente el 25 por ciento. Por ejemplo, el crecimiento del sector entre 2009 y 2010 fue de 20 por ciento, pero 15 por ciento fue por el efecto precios y 5 por ciento como crecimiento real.

Además, la recuperación de afiliados desde 2003 como reflejo de la creación de empleos, se contrapuso con la existencia de 17.257.893 personas que en 2009 debieron acudir al hospital público porque carecían de cualquier tipo de cobertura. La cifra se ha mantenido con leves variaciones, según el Ministerio de Salud.

La inversión directa del Estado –nacional, provincial y municipal- para atender a este segmento de la población alcanzó a 29 mil millones de pesos en los últimos años, equivalente a 2,19 por ciento del PBI o al 28 por ciento del financiamiento total.
Del gasto público, el 14,3 por ciento promedio correspondió al gobierno nacional, el 14,9 por ciento a los gobiernos provinciales y a la Ciudad de Buenos Aires y el 9,9 por ciento a las municipalidades.

El gasto público en salud también reconoce de diferencias sustanciales, pues la ejecución del Ministerio de Salud a través de sus principales programas (Incacai, Remediar, Profe, Anmat, dengue y Médicos Comunitarios, entre otros, ha sido de 108 pesos en la Ciudad de Buenos Aires y de 32 pesos en la provincia de Buenos Aires en promedio por habitante.

En Santa Fe el gasto del Ministerio de Salud de la Nación (en dinero y especies) alcanzó apenas a 27 pesos por habitante, en Córdoba a 30 pesos por habitante. Tucumán recibió un gasto público nacional de 84 pesos por habitante y Chaco de 72,44 pesos.

Los programas nacionales representaron el 14, 85 por ciento del gasto en salud de la provincia de Misiones, el 14,10 por ciento de Santiago del Estero, el 13,20 por ciento de Corrientes, el 12 por ciento de Tucumán, el 8,20 de la Ciudad de Buenos Aires y el 6,59 por ciento de la provincia de Buenos Aires. La incidencia de estos programas fue casi nula en Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz, donde representaron entre el 1,11 y 1,40 por ciento del gasto provincial en salud.

En contraposición a los millones de argentinos sin ninguna cobertura, Uruguay y Argentina son los países de América Latina con el mayor gasto por habitante en medicina privada, con porcentajes estimados en el 3,3 ciento del PBI. Lejos, sigue Brasil con 1,4 por ciento y Chile con 1,2 por ciento.

Las 17 millones de personas que recurren al sector público, representan ente el 43 y el 45 por ciento de la población argentina sin posibilidad de optar por otra cobertura que no sea la que proporciona el Estado. No tiene elección entre el sistema de obras sociales sindicales o la oferta privada. Es el hospital público su referencia sanitaria ineludible.

En la composición del gasto en salud, las obras sociales, el PAMI y el sector privado representan el 72 por ciento del total, de acuerdo a las estadísticas del Indec, las cámaras del sector Acami y Adem, y la consultora Key Market.
De ese gasto privado, el 40 por ciento corresponde a obras sociales, el 31 a gastos de bolsillo, el 18 por ciento a la medicina privada y el 11 por ciento al Pami. El sistema público y estatal, representan solo el 28 por ciento promedio del gasto en salud anual.

Además, se estima que el 20 por ciento del gasto privado es de bolsillo del afiliado, en medicamentos o prestaciones que no están cubiertas en las cartillas de los planes familiares más económicos.

Las obras sociales, entidades sin fines de lucro, están clasificadas en dos grupos: las nacionales reguladas por la ley 23.660 y que representan el 60 por ciento del gasto del sector, y las provinciales que concentran el 40 por ciento restante.
Las sindicales registradas por la Superintendencia de Servicios de Salud son 206 y las de personal de dirección 27.


Gasto y eficacia, más no es mejor


La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que del financiamiento global de la salud, el 33 por ciento corresponde al gasto público que realizan los Estados, excluida la seguridad social.

La seguridad social representa el 26 por ciento del financiamiento global y los seguros privados el 19 por ciento. Existe otro 22 por ciento promedio, que debe financiarse los gastos en salud por fuera de las tres variantes apuntadas, pero siempre con desembolso de su bolsillo.

Según la Organización Panamericana de la Salud el gasto en salud en Argentina es el más alto de América Latina con 663 dólares por cápita, con una mortalidad infantil de 16 por cada mil nacidos y una mortalidad materna de 77 por cada mil nacimientos, cifras precedentes a la extensión de la Asignación Universal por Hijos a los embarazos.

En Uruguay, el gasto en salud es de 582 dólares por cápita, con una mortalidad infantil de 14 por mil y una mortalidad materna de 20 por mil.
En términos comparativos y críticos, en Argentina la mortalidad de niños menores de 5 años es del 13 por mil, mientras que Chile con un gasto menor en dólares por habitante es de 7 por mil y en Brasil, con un gasto de 267 dólares por habitante, la mortalidad infantil es de 7 por 10 mil.

Argentina se ubicaba en el lugar 75 del ranking mundial por su inversión en salud con un índice de eficiencia del 72,2 por ciento, según un estudio realizado por la OMS hace algunos años. Cuba se encontraba en el puesto 39 con 83 por ciento de eficiencia. Entre los países europeos, Alemania alcanzaba un nivel de eficiencia del 90,2 por ciento y Francia, al tope del ranking, registraba una eficiencia de 99,4 por ciento, con relación al gasto realizado.

Un informe de la consultora Key Market señaló recientemente que “lo que se mantiene es la dispersión en los servicios (de salud) y la sensación de que los recursos son importantes pero no se utilizan bien. Este es una característica del sistema de salud argentino desde hace muchos años”.

Si bien el sistema en su conjunto aparece como un entramado que garantiza la salud a todos los argentinos, persisten las inequidades según el lugar de residencia, pues las diferencias persisten en la calidad de los servicios y no solo en el sector público, sino también en el privado.

Por ejemplo, la oferta de las empresas privadas de medicina queda concentrada en Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba y Mendoza.
Durante el XIII Congreso Argentino de Salud realizado en septiembre del año pasado en Mendoza, la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), afirmó que “el 65 por ciento de la tecnología médica, aparatología de diagnósticos, medicina nuclear, tomógrafos, resonadores y ecógrafos, se concentra en un radio de 60 kilómetros del centro porteño”.

La entidad calculó que en Argentina se gasta 25 mil millones de dólares anuales en salud, “pero el 43 por ciento de la gente sólo tiene cobertura del hospital público”.

Ese universo además de carecer de obra social y prepaga, al acudir al hospital público tampoco tenía descuentos en medicamentos, explicó el secretario de Acami, Hugo Magonza.

Los recursos no se distribuyen con equidad entre la población” denunció la entidad, comparando que en la región metropolitana o en las grandes ciudades se concentra la mayor cantidad de médicos, los principales centros de atención y la última tecnología, mientras que en el interior estos servicios están mucho más menguados y dispersos.

Las comparaciones estadísticas entre Argentina y otros países de la región indicarían que el gasto en salud en el país arroja resultados menos eficientes que Uruguay y Chile.

Pero, los propios economistas admiten que es impreciso el método para calcular la eficiencia de cualquier sistema de salud y el único consenso en el ámbito sanitario es medir las tasas de morbilidad y mortalidad infantil y materna.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha señalado que para que los sistemas de salud sean equitativos deben contar con un fuerte componente de gasto público —no menos del 60%— y un bajo aporte de bolsillo.

En los países de la región, el aporte del gobierno en este sector es equivalente al 55% del total, mientras que la contribución privada alcanzó en promedio alrededor del 45%, un 80% de la cual fue solventada directamente por los hogares.

A su vez el gasto público provincial por habitante sin cobertura de salud, asciende a 32.538 pesos anuales en Santa Cruz y a 16.497 pesos en Tierra del Fuego, para descender a 8.309 pesos en la Ciudad de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires, en el otro extremo destina 1.396 pesos de gasto público provincial por habitante sin cobertura de salud, según las últimas estadísticas disponibles de 2009. Por debajo se encuentran sólo Corrientes con 1.300 y Misiones con 1.191 pesos.

Según estadísticas del Ministerio de Salud y el centro de estudios de la Fundación Mediterránea, el gasto nacional promedio en salud es de 588 pesos, pero con sustanciales variaciones. Una vez más, en Santa Cruz es de 2.496 pesos por habitante, en Neuquén de 2.400 y en Tierra del Fuego 2.307. En Santa Fe es de 483 pesos, mientras que Buenos Aires, Misiones, Córdoba y Corrientes gastan un promedio de 400 pesos por habitante.


Medicina privada, más concentrada


El sector de la medicina privada es uno de los más concentrados de la economía argentina, pues cinco empresas embolsan el 75 por ciento de la facturación. La facturación en 2009 superó los 13 mil millones de pesos, pero ese puñado de prestadoras recaudó 9.750 millones.

Las cinco empresas concentradas son Medicus, Osde, Galeno, Swiss Medical y Omint con el 75 por ciento de la facturación, mientras que el 25 por ciento restante se reparta entre 60 empresas.

La consultora Key Market precisó que Osde factura el 39 por ciento, Swiss Medical 18 por ciento, Galeno 12 por ciento, Medicus 6 por ciento, Omint 4 por ciento, Consolidar 4 por ciento, Medifé 3 por ciento, los hospitales de comunidad en su conjunto 6 por ciento, Staff Médico el 1 por ciento y el resto el 7 por ciento.

Osde tiene además el 29 por ciento de las cápitas, Swiss Medical el 15 por ciento, Galeno el 14 por ciento, Médicus el 5 por ciento, Consolidar el 5 por ciento, Medifé el 4, Omint el 3 por ciento, los hospitales de comunidad el 6 por ciento, Staff Médico el 1 por ciento y el resto el 18 por ciento.

En la facturación del segmento de la obras sociales de dirección, Osde también lidera con el 47 por ciento, escoltada de ASE con 25 por ciento, OSDEPYM con 8 por ciento, OSIM 4 por ciento, Luis Pasteur con 4 por ciento, OSDIPP 3 por ciento y Osdo con el 2 por ciento.

En cápitas, también la concentración se reparte entre Osde con el 57 por ciento y ASE con el 17 por ciento. Luego aparece OSDEPYM con 9 por ciento, OSIM con el 3 por ciento y Luis Pasteur con 3 por ciento.

La consultora Claves pronosticó que a partir de la nueva ley de reglamentación de la medicina privada, “se espera que el mercado se oriente hacia una mayor concentración entre las cinco líderes del sector que puedan solventarse y tener respaldo financiero”.

La consultora pronosticó como “principales tendencias estratégicas del sector” -a partir de la reglamentación de la ley- una mayor concentración y “la desaparición de empresas pequeñas que no estén preparada para competir y afrontar mayores costoso y prestaciones al Plan Médico Obligatorio (PMO)”.

También pronosticó “la integración vertical a través de infraestructura de las grandes empresas: tendencia hacia la integración con proveedores propios (clínicas, centros médicos, sanatorios) y alianzas con prestadores de prestigio”.
Otra de las tendencias, según la consultora, será el crecimiento hacia el interior del país a través de estrategias de adquisiciones y/o infraestructura propia”.

Esta estrategia permitirá “generar un eficiente manejo de costos y es una forma de solventar la escasez de camas para internación”, señaló el informe. 
En Argentina existe “una dicotomía entre la falta de camas del sector público y en gran parte del sector privado y el auge de la oferta de las denominadas “Camas Premium” que ofrecen los planes más caros de las empresas de medicina privada, coincidió un informe de la consultora Key Market.
La consultora Claves estimó que la rentabilidad del sector oscila en el 3 por ciento, pero algunas como Swiss Medical y Osde están por encima de ese porcentaje.

Las empresas del sector aseguran que participan con el 16 por ciento del total de afiliados a la seguridad social, mientras que las obras sociales en su conjunto tienen el 84 por ciento del mercado.

En facturación, las prepagas se adjudican el 26 por ciento de la facturación y el 74 por ciento restante corresponde a las obras sociales.

El crecimiento promedio del sector privado ha sido del 20 por ciento anual, pero 15 por ciento por precios y solo 5 por ciento por crecimiento de afiliados.
Las empresas del sector están agrupadas en dos cámaras empresarias: Cimara con 27 asociadas entre las que se destacan Galeno, Medicus y Swiss Medical, y Ademp, con 34 asociadas en todo el país.

La concentración se extiende a la población en condiciones de pagar la medicina privada, pues del 65 por ciento de los cuatro y medio millones de afiliados al sistema de poder adquisitivo de medio a alto residen en la ciudades de Buenos Aires y Rosario y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

Osde, una de las dos “Premium” del sector junto con Medicus, declaró 1.5 millones de afiliados, de los cuales 50 por ciento residen en Capital Federal y Gran Buenos Aires.

El Hospital Italiano, entidad sin fines de lucro pero con servicios contratados, tiene 140 mil socios y una facturación anual de mil millones de pesos.

Claudio Belocopit, presidente de Swiss Medical, en declaraciones al portal MedPrepaga, admitió que los afiliados “perciben” que las empresas de medicina prepaga “cobran cuotas muy caras” y que “el sistema funciona mal”.

Belocopit advirtió que “existe una superposición de roles confusos según los cuales el sector privado estaría reemplazando o compensando carencias del sector público”.

“El sistema funciona mal, el 45 o el 50 por ciento de la gente no tiene cobertura y se tiene la sensación de que si no se tiene obra social o una prepaga nos puede pasar cualquier cosa”, señaló el empresario, considerado un “exitoso” exponente patronal del sector salud.

En un ataque de igualitarismo, Belocopit afirmó que “lo que tenemos que resolver es garantizar el derecho a la salud para todos” y resaltó que “el sistema debe ser público”, comparando que “en países ricos como Inglaterra o España, los mejores sistemas de salud están en manos del Estado”.

La diferencia entonces, entre público y privado, debería reducirse a la oferta de hotelería “porque siempre hay alguien que va a querer algo diferente”.

Belocopit admitió el desborde gastos que origina la competencia entre privados: “la tecnología es cada vez más cara, estamos obligados a dar todo que existe y solo podemos financiarnos con la suba de cuotas, se genera un círculo vicioso”.

Según sus cálculos, un tratamiento oncológico implica un costo mensual de 100 mil pesos y operaciones ratifícales de corazón hasta 2.500.000 pesos.
Un informe de las cámaras de las empresas de medicina privada, admitió que por cada mil pesos invertidos se le suma una rentabilidad de 23 por ciento (230 pesos). El precio sería de 1.230 pesos, a los que se le suman los impuestos directos hasta incrementarse a 1.556 pesos el precio del servicio.

Según la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra) en la estructura de costos las remuneraciones representan el 62 por ciento, incluidas los honorarios médicos, los insumos médicos (imágenes, reactivos de laboratorio y medicamentos) absorben otro 22,7 por ciento y los insumos no médicos (alimentación, lavandería, oxigeno líquido) otro 10,6 por ciento y finalmente la energía eléctrica y el gas apenas el 1,1 por ciento.

Según la cámara empresaria, existe un retraso del 38 por ciento entre los costos y la cotización del servicio de sus asociadas, pues el precio que cobran las prestadoras es de 445 pesos y debería ser, según la patronal, de 616 pesos si se trasladara el aumento de los insumos.

La Asociación de Clínicas y Sanatorios en una reciente campaña dirigida a sus afiliados advirtió sobre las supuestas acechanzas futura que percibe la organización entre las que menciona “un sueldo mínimo de 4000 pesos para una enfermera”, “la extensión anárquica del PMO”, la prohibición (eventual) de derivar aportes al limitar “el régimen de libertad de elección” y “La discrecionalidad y ausencia de transparencia” en los fondos de la APE.

Las empresas de medicina privada se beneficiaron de la desregulación de la década del 90 y capturaron la “crema” del sistema, que transfirieron sus aportes desde el sistema de obras sociales sindicales, hasta entonces cerrado.

El sistema desregulado permitió el ingreso indirecto de las empresas privadas a la competencia con las obras sociales mediante “convenios de colaboración” de prestaciones entre determinadas obras sociales y las prepagas. La puerta de ingreso al sistema privado se completó con la “libre elección” que permitió mudarse de una obra social a otra que tuviera convenios con una prepaga.

Por eso el grueso de los asociados de las prepagas proviene de las obras sociales y se estima que son 2.5 millones los empleados en relación de dependencia los que derivan el aporte obligatorio a una entidad privada, a través de una obra social.

Empresarios del sector aseguraron en recientes declaraciones al diario Ámbito Financiero que el 60 por ciento de los aportantes son empleados “desregulados” y el 40 por ciento restante paga sus cuotas directamente. También se quejaron de las recientes paritarias del sector que según los empresarios eleva el pago de remuneraciones al 80 por ciento de la estructura de costos, incluidos los médicos de cartilla.


Ranking de obras sociales


De acuerdo a la Superintendencia de Servicios de Salud, la obra social de mayor envergadura en Argentina es Osecac, de Empleados de Comercio, con 1.028.000 afiliados y un aporte promedio por afiliado de 200,8 pesos.

El segundo lugar es para la obra social de los estibadores-Uatre con 352 mil afiliados y un ingreso promedio de 147,5 pesos por asociado.
La obra social de construcción figura con 343 mil afiliados y un aporte promedio de 186,4 pesos.

UPCN tiene 214 mil afiliados y un aporte promedio de 350,2 pesos, mientras que la obra social de Gastronómicos posee 184 mil afiliados con un ingreso promedio de 189 pesos.

Comisarios Navales que es la puerta de ingreso a Osde, declara 151 mil afiliados y un aporte promedio de 517,4 pesos. La UOM posee 146 mil afiliados y un aporte promedio de 286,9 pesos.

Técnicos de Vuelo tiene apenas 77 mil afiliados pero con ingresos de 418,5 pesos por afiliado. Transporte de Carga tiene 66 mil afiliados y un promedio de 295,8 pesos por afiliado.

Empleados de Comercio es la que más recauda con 206.559.000 pesos anuales, escoltada por Osde que declara alrededor de 147 millones de pesos. En tercer lugar en recaudación se ubica Comisarios Navales –asociada con Osde- con 79.753.000 millones y muy cerca, UPCN, recauda 74.800.000 millones.


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